Reforma constitucional y Referéndum

REFORMA CONSTITUCIONAL.

La Constitución regula la reforma constitucional en los Artículos 166 a 169.

En concreto, establece los siguientes procedimientos de reforma.

1)      Procedimiento ordinario:

Este procedimiento es de aplicación cuando se pretende modificar partes de la Constitución no reservadas al procedimiento agravado de reforma.

Este procedimiento tiene a su vez diversas variantes.

 

  • Primera modalidad:

El proyecto de reforma ha de ser aprobado por mayoría de tres quintos de los miembros de cada una de las Cámaras (Congreso y  Senado).

En primer lugar decide el Congreso (Cámara Baja) y en segundo lugar el Senado (Cámara Alta).

La Constitución contempla la posibilidad de que las Cámaras discrepen en cuanto al texto aprobado por cada una de ellas: en caso de que exista alguna diferencia en el texto aprobado por el Senado respecto al aprobado previamente por el Congreso de los Diputados, se constituye una Comisión mixta cuya misión es llegar a un texto consensuado que ha de someterse a votación de ambas Cámaras, nuevamente por mayoría de tres quintos.

 

  • Segunda modalidad:

La Constitución prevé una segunda modalidad para el caso de que el texto sometido a las Cámaras sea aprobado por ambas, pero sin alcanzar en el Senado una mayoría de tres quintos de sus miembros.[

]En este caso, tras el procedimiento anterior, si la reforma ha obtenido en el Senado al menos el voto favorable de la mayoría absoluta de sus miembros pero no la mayoría de tres quintos, en Congreso puede aprobar la reforma si alcanza una mayoría de dos tercios.

Ello demuestra el mayor peso del Congreso, que puede forzar la aprobación de la reforma aunque éste sólo obtenga la mayoría del Senado, en lugar de los tres quintos exigidos inicialmente.

 

  • Tercera modalidad:

Por último, la Constitución contempla una tercera modalidad con intervención del electorado: si lo solicita la décima parte de los miembros de cualquiera de las Cámaras (35 Diputados y unos 26 Senadores), la reforma ya aprobada por las Cortes Generales mediante el procedimiento anterior ha de ser sometida a referéndum para su ratificación.

La solicitud ha de hacerse dentro de los quince días siguientes a la aprobación definitiva por las Cortes.

Inconveniente: exime de la necesidad de una consulta popular para las reformas que cuenten con un alto consenso de las fuerzas políticas con representación parlamentaria.

 

2)      Procedimiento agravado:

Este procedimiento es obligado cuando se propone la revisión total de la Constitución o cuando, siendo parcial, afecte al Título Preliminar, al Capítulo Segundo, Sección Primera, del Título I, o al Título II.

La decisión de realizar la reforma debe ser aprobada por mayoría de dos tercios de cada Cámara.

El siguiente paso es la disolución de las Cámaras y elección de unas nuevas.

Las Cámaras nuevas deben ratificar la decisión de reformar, para lo cual no se exige ninguna mayoría cualificada, bastando la mayoría simple favorable a la reforma. Después han de proceder al estudio del texto del proyecto o proposición de reforma constitucional, que debe ser aprobado en ambas Cámaras por mayoría de dos tercios.

Una vez aprobada por las Cortes Generales ha de ser sometida la reforma a referéndum para su ratificación. Ello permite que el electorado se pronuncie en dos momentos diferentes: al elegir las nuevas Cámaras que van a decidir sobre el proyecto de reforma formulado, y en el referéndum final sobre el contenido.

 

REFERÉNDUM.

Analizamos las modalidades de referéndum que contempla la Constitución en relación con los procedimientos de reforma constitucional explicados anteriormente.

 

1)      Referéndum consultivo:

El Artículo 92 de la Constitución prevé el referéndum consultivo para las decisiones políticas de especial trascendencia: no es obligatorio convocarlo y no es vinculante.

Requiere la previa autorización del Congreso de los Diputados por mayoría absoluta, a solicitud del Presidente del Gobierno. La ciudadanía no puede solicitarlo.

Este referéndum no es de aplicación en caso de reforma de la Constitución, en este caso entra en juego el referéndum previsto en los Artículos 167 y 168 de la Constitución: referéndum constitucional.

 

2)      Referéndum para la reforma constitucional:

A su vez hay dos modalidades según el procedimiento de reforma que deba seguirse en atención a la parte de la Constitución que se pretenda reformar:

 

a)     Reforma constitucional por el procedimiento ordinario: Artículo 167:

Tras el procedimiento ordinario de reforma explicado anteriormente y únicamente si lo solicita la décima parte de los miembros de cualquiera de las Cámaras (35 Diputados y unos 26 Senadores).

 

b)     Reforma constitucional por el procedimiento agravado: Artículo 168:

Tras el procedimiento agravado de reforma explicado anteriormente: vez aprobada la reforma por las Cortes Generales, en todo caso ha de someterse la reforma a referéndum para su ratificación por la ciudadanía.

Plazos para la celebración del referéndum sobre la reforma de la Constitución, idéntico para los dos supuestos anteriores (tanto si es solicitado por la décima parte de los miembros en el caso de la reforma mediante el procedimiento ordinario, como para las reformas mediante el procedimiento agravado): el Artículo 7 de la Ley Orgánica 2/1980, de 18 de enero, reguladora del Referéndum establece que tras comunicar las Cortes al Presidente del Gobierno el proyecto de reforma de la Constitución finalmente aprobado, éstas le solicitarán la celebración de referéndum. El Presidente deberá convocarlo dentro del plazo de 30 días y su celebración será dentro de los 60 siguientes.

 

PROBLEMÁTICA ACTUAL:

1)      Análisis de la modificación propuesta:

Desde el Gobierno se pretende la modificación del Artículo 135 de la Constitución. Este Artículo, en la actualidad, afirma lo siguiente:

“1. El Gobierno habrá de estar autorizado por Ley para emitir Deuda Pública o contraer crédito.

2. Los créditos para satisfacer el pago de intereses y capital de la Deuda Pública del Estado se entenderán siempre incluidos en el estado de gastos de los presupuestos y no podrán ser objeto de enmienda o modificación, mientras se ajusten a las condiciones de la Ley de emisión”.

 

El Artículo, tras la modificación, quedará de la siguiente forma:

“1. Todas las Administraciones Públicas adecuarán sus actuaciones al principio de estabilidad presupuestaria.

2. El Estado y las Comunidades Autónomas no podrán incurrir en un déficit estructural que supere los márgenes establecidos, en su caso, por la Unión Europea para sus Estados Miembros.

Una Ley Orgánica fijará el déficit estructural máximo permitido al Estado y a las Comunidades Autónomas, en relación con su producto interior bruto. Las Entidades Locales deberán presentar equilibrio presupuestario.

La actual situación económica y financiera no ha hecho sino reforzar la conveniencia de llevar el principio de referencia a nuestra Constitución

3. El Estado y las Comunidades Autónomas habrán de estar autorizados por Ley para emitir deuda pública o contraer crédito.

Los créditos para satisfacer los intereses y el capital de la deuda pública de las Administraciones se entenderán siempre incluidos en el estado de gastos de sus presupuestos y su pago gozará de prioridad absoluta. Estos créditos no podrán ser objeto de enmienda o modificación, mientras se ajusten a las condiciones de la Ley de emisión.

El volumen de deuda pública del conjunto de las Administraciones Públicas en relación al producto interior bruto del Estado no podrá superar el valor de referencia establecido en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.

4. Los límites de déficit estructural y de volumen de deuda pública sólo podrán superarse en caso de catástrofes naturales, recesión económica o situaciones de emergencia extraordinaria que escapen al control del Estado y perjudiquen considerablemente la situación financiera o la sostenibilidad económica o social del Estado, apreciadas por la mayoría absoluta de los miembros del Congreso de los Diputados.

5. Una Ley Orgánica desarrollará los principios a que se refiere este artículo, así como la participación, en los procedimientos respectivos, de los órganos de coordinación institucional entre las Administraciones Públicas en materia de política fiscal y financiera. En todo caso, regulará:

a) La distribución de los límites de déficit y de deuda entre las distintas Administraciones Públicas, los supuestos excepcionales de superación de los mismos y la forma y plazo de corrección de las desviaciones que sobre uno y otro pudieran producirse.

b) La metodología y el procedimiento para el cálculo del déficit estructural.

c) La responsabilidad de cada Administración Pública en caso de incumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria.

6. Las Comunidades Autónomas, de acuerdo con sus respectivos Estatutos y dentro de los límites a que se refiere este artículo, adoptarán las disposiciones que procedan para la aplicación efectiva del principio de estabilidad en sus normas y decisiones presupuestarias”.

 

Si atendemos al lugar que ocupa este Artículo en la Constitución, Titulo VII dedicado a Economía y Hacienda, si procedería el procedimiento ordinario de reforma constitucional, por no afectar al Título Preliminar, al Capítulo Segundo, Sección Primera, del Título I, o al Título II.

No obstante, esta propuesta supone la modificación encubierta del Artículo 1.1 de la Constitución que define al estado español como un “Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político”. 

Puede comprobarse que la propuesta de reforma introduce un valor superior a los de la justicia y la igualdad, que es el del cumplimiento incondicional del pago de los intereses y el capital de la deuda, cumplimiento que también se sitúa por encima del carácter social de nuestro Estado.

 

Esta reforma también afecta al nivel de protección de derechos fundamentales contenidos en la Sección Primera del Capítulo II del Título Primero de la Constitución, tales como el derecho a la tutela judicial efectiva plasmado en el Artículo 24 puesto que los recursos económicos para que la administración de justicia pueda cumplir este derecho quedan condicionados al prioritario pago de intereses y capital de la deuda, o el derecho a la educación contenido en el Artículo 27.5. según el cual “Los poderes públicos garantizan el derecho de todos a la educación, mediante una programación general de la enseñanza, con participación efectiva de todos los sectores afectados y la creación de centros docentes”, ya que los recursos económicos para que garantizar una educación pública de calidad quedan condicionados al prioritario pago de intereses y capital de la deuda.

Y la reforma de los Artículos que acabamos de citar deberían seguir el procedimiento agravado, que implica necesariamente la consulta a la ciudadanía mediante la celebración de un referéndum, tal y como se ha explicado anteriormente.

Pero no solo eso, sino que el Gobierno pretende, además de aplicar el procedimiento ordinario de reforma (que como hemos apuntado es incorrecto), llevar a cabo una tramitación de lectura única y urgencia.

Este procedimiento se prevé por el Reglamento del Congreso de los Diputados para permitir un procedimiento de aprobación simple, en asuntos que no planteen controversia. Sobra decir que no es este el caso, por lo tanto, el fraude es doble: incorrecto procedimiento y además, tramitación agilizada para finalizar antes de las elecciones generales.

 

2)      Situación actual:

Hoy, 2 de Septiembre de 2.011, el Pleno del Congreso de los Diputados ha aprobado la reforma con el apoyo de los dos grandes partidos, PSOE y PP, además de UPN. La votación se ha saldado con 316 votos a favor de la reforma y cinco votos en contra. Los diputados de IU, BNG, NaBai, ERC, ICV se han ausentado en el momento de la votación como gesto de protesta. Los representantes de CiU y PNV, pese a quedarse dentro no han votado. El siguiente paso, es la aprobación por el Senado que está prevista para el día 7 de Septiembre.

 

3)      Posibilidades de impugnación:

IU-ICV han impugnado ante la Mesa del Congreso (que es el órgano encargado de dar el visto bueno a la tramitación que se pide por los partidos para la reforma de la Constitución) su decisión de tramitación urgente y en lectura única, al considerar que es un procedimiento “fraudulento”.

Una vez que la Mesa rechace este escrito (como es previsible dada su composición, 3 miembros del PSOE, 4 del PP, 1 de CIU y 1 del PNV, pretende recurrir en amparo ante el Tribunal Constitucional para pedir que se suspenda la entrada en vigor, por los motivos expuestos anteriormente.

Junto con esta medida, han preparado un escrito para pedir formalmente la celebración de un referéndum sobre la reforma auspiciada por PSOE y PP. La solicitud se pasará a los diputados para que la firmen y así conseguir la décima parte de los miembros que requiere la Constitución para celebrar referéndum.

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